«Con el desarrollo del juicio de esta semana, el núcleo articulador del intento de golpe del 8 de enero y Bolsonaro en el banco del acusado, esperamos que esta pauta tome aún más aliento», afirmó Daiane Araújo, vicepresidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), que integra los frentes, citada por el portal Brasil 247.

Instó a que, con ese impulso, los brasileños logren avanzar en la disputa ideológica en la sociedad, como en «la presión del Poder Judicial para que se haga justicia».

Las manifestaciones del domingo se realizarán en todo país, sacudido por la posibilidad de que Bolsonaro y siete aliados se sienten en el banquillo del Supremo Tribunal Federal (STF) para responder por tentativa golpista tras las elecciones de 2022.

Por unanimidad, la primera sala del STF aceptó el miércoles la imputación sobre el intento de golpe, lo que convierte a Bolsonaro y a los otros adeptos de denunciados a acusados en una acción penal.

Ahora, la corte iniciará la faena punitiva que podrá condenar o absolver al exgobernante y los demás inculpados.

La decisión se tomó sobre la base de la denuncia presentada por la Fiscalía General sobre el llamado núcleo crucial de una organización criminal dirigida a la ruptura institucional.

Forman parte de este grupo, además de Bolsonaro, los exministros Augusto Heleno, Walter Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Anderson Torres (Justicia).

Asimismo, el excomandante de la Marina Almir Garnier, el diputado federal Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del exmandatario.

En febrero, el fiscal general Paulo Gonet presentó la denuncia contra Bolsonaro y otras 33 personas por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, daño calificado y deterioro de patrimonio declarado.

Insistió en que la «organización criminal documentó proyecto de golpe» y durante las investigaciones se encontraron manuscritos, archivos digitales, intercambios de mensajes «reveladores de la marcha de la ruptura del orden democrático».

Los delitos por los que se acusa al excapitán del Ejército pueden sumar en total hasta 43 años de prisión.

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