Afirmó la autoridad que el objeto de la pesquisa es un supuesto convenio bilateral entre pueblos originarios de Beni, Pando y la supuesta nación Estados Unidos de Kailasa.
“Se ha dado el inicio correspondiente a las investigaciones por el delito de tráfico de tierras y otros ilícitos más, en contra de las personas que elaboraron los contratos bilaterales (en favor de la ficticia nación Kailasa) (…)”, aseguró Balderas.
Informó que se realizarán los actos investigativos para establecer la identidad de los autores e iniciar procesos en contra de las personas que así corresponda.
Describió que ya existe una denuncia ante el Ministerio Público presentada, en primera instancia, por la Unidad del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y, posteriormente, por la diputada de Creemos María René Álvarez.
Indicó que en este este caso se investigarán los posibles delitos de tráfico de tierras y organización criminal, que afectó a comunidades indígenas del oriente del país, mediante acuerdos con dirigentes de los pueblos baure y cayubaba en Beni, y con los esse ejja, en el Territorio Indígena Multiétnico Dos (TIM 2), de Pando.
El lunes último, la Dirección General de Migración (Digemig) de Bolivia confirmó la expulsión de 12 mujeres, 10 de origen chino y dos de la India, además de otras ocho personas entre quienes se mencionó a ciudadanos de Estados Unidos y Suecia.
Se informó que en “la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la diputada de Creemos, se presentó documentos de convenios bilaterales entre Bolivia (y) el Estado ficticio pero, para la aprobación de un convenio bilateral, se necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…)”.
Advierte la denuncia de Balderas que este documento obvió esos aspectos.
Indica que los actos investigativos los llevará a cabo la Fiscalía de Beni sobre la base de los artículos 394 y 396 de la Constitución Política del Estado, que establecen que “los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado bajo ningún título”.
Asimismo, advierten que “el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva. Esto incluye a las comunidades campesinas, interculturales originarias y al territorio indígena originario campesino”.
Los territorios indígenas y propiedades comunitarias son intransferibles, según establecen la Ley 1715; el Decreto Supremo 29215, que no reconoce contratos de arrendamiento y tierras comunitarias, así como la Ley 477, la cual define al tráfico de tierras como un delito sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
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