“Ayer estuvimos trabajando para garantizar, para fortalecer las leyes que vamos a presentar, se presentan ya el día de mañana al Congreso, las que presentó Ernestina Godoy (consejera jurídica de la Presidencia) el lunes”, dijo la víspera la jefa del Ejecutivo.

Las modificaciones atañen a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Entre los principales cambios previstos, figuran la creación de la Plataforma Única de Identidad y la incorporación de la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares.

También el establecimiento de obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, actualización y compartición de información, así como el surgimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Las reformas contemplan igualmente el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la creación del sistema de alerta, búsqueda y localización de personas.

De acuerdo con los resultados de una encuesta difundida el miércoles por El Heraldo de México, el 92 por ciento de los ciudadanos avala las acciones emprendidas por la dignataria para reforzar la búsqueda de desaparecidos.

La consulta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, refiere que solo un cuatro por ciento se mostró “en desacuerdo” con las medidas; un dos por ciento, “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y otro dos por ciento, “no sabe/no contestó”.

Sheinbaum expresó la semana pasada que “para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional”.

“También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares”, reafirmó.

Resulta “un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado”, aseveró la dignataria, al señalar que cada autoridad (estatal, municipal, federal, fiscalías, poder judicial), debe asumir su responsabilidad.

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