El propio exgobernante que permanece en esa sede diplomática desde el 7 de febrero de 2024, señaló que el anuncio de la medida por el canciller Javier Martínez-Acha ante la prensa, no prorrogable, hasta el 31 de marzo para que viaje a Managua, se trata de una condena política.
En su cuenta en la red social X, Martinelli dijo inicialmente que evaluaría con sus abogados y familiares qué actitud asumir, pero horas después reveló la decisión de “aceptar el salvoconducto como asilado político en la hermana Republica de Nicaragua”.
La cancillería le otorgó el permiso de salida del país por motivos humanitarios y para permitirle que pueda recibir una mejor defensa de su caso.
Martinelli se refugió en ese inmueble luego de ser condenado a más de 10 años de cárcel, en 2023, tras ser declarado por un tribunal culpable del delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, por la compra con fondos del Estado de la Editora Panamá América.
La concesión del salvoconducto para algunos como la exdiputada Ana Matilde Gómez es una burla al pueblo panameño y un golpe mortal a la eficiencia de la justicia.
Para otros, la decisión del actual jefe de Estado José Raúl Mulino, es una traición a quien lo designó como su sustituto y lo apadrinó para que llegara al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) luego que fuera inhabilitado como candidato presidencial en los comicios generales de mayo del pasado año.
Mientras, el vocero del multimillonario y actual diputado por el partido oficialista Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, estimó que Martinelli debería «estar en libertad» porque fue condenado políticamente para inhabilitarlo.
Por su parte el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Martinelli, indicó que su expectativa era un permiso para que el expresidente recibiera atención médica, debido a problemas de la salud.
La estadía de Martinelli en la embajada nicaragüense ha sido cuestionada porque de manera frecuente emitía juicios sobre la política nacional, lo cual contraviene las normas internacionales de asilo.
La anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, según un comunicado oficial.
Martinelli también enfrenta en Panamá una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia del país.
En 2016 Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
Pero en Panamá, la constructora brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas.
Luis Enrique y Ricardo Alberto, los dos hijos de Martinelli, fueron condenados en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de la compañía, presionados por su padre, según declararon.
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