Al dirigirse a la sesión informativa del Consejo de Seguridad sobre la situación en el este de la RDC, significó que “el derecho a la legítima defensa no puede invocarse como justificación para una invasión armada ni para la creación de una administración paralela en el territorio de un Estado soberano”.

Según Radio Okapi, el diplomático recordó que estos actos constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Acta Constitutiva de la Unión Africana, y pidió la aplicación urgente de la Resolución 2773 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Remarcó la necesidad de un cese efectivo de las hostilidades y una desescalada, lo cual no será posible sin mayores presiones y sanciones más enérgicas contra Ruanda y sus aliados del Movimiento 23 de Marzo (M23), consideró.

El grupo de expertos de la ONU, en sus más recientes informes sobre el conflicto, señalaron la presencia de alrededor de tres mil a cuatro mil militares ruandeses en territorio de la RDC, pero los estimados fueron antes de la ofensiva lanzada por el M23 desde finales de diciembre de 2024.

A partir de ese momento los rebeldes han ocupado varias ciudades en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, entre las que destacan las capitales de esas demarcaciones, Goma y Bukavu, respectivamente.

En esta etapa fuentes locales confirmaron la fuerte presencia de militares ruandeses en apoyo al M23 en zonas lejos de las fronteras comunes, pero los medios de prensa sobre el terreno no indican un despliegue que corresponda a las afirmaciones gubernamentales.

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