El abogado del CDH Abraham Aguirre declaró al canal Ecuavisa que el documento, emitido tres meses después del crimen, especifica que el disparo fue de atrás hacia adelante, o sea, los menores estaban de espaldas y presuntamente arrodillados cuando fueron ejecutados.

Aguirre explicó que uno de los adolescentes tenía una lesión por un golpe contundente en el lado izquierdo de la cabeza, lo cual concuerda con la versión del testigo que les prestó un celular la noche del 8 de diciembre para que llamaran a sus familiares.

El 8 de diciembre de 2024, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboelda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, desaparecieron tras ser detenidos por militares en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad de Guayaquil.

Desde ese día nadie más volvió a ver a los chicos hasta que se encontraron los cuerpos calcinados en Taura, cantón Naranjal de la provincia de Guayas.

Según los testimonios e investigación, cuya reconstrucción de hechos se realizó el pasado 17 de marzo, los menores fueron abandonados por los militares después de su detención en esa zona.

Por este caso, que conmocionó a la sociedad ecuatoriana, la Fiscalía impulsa dos investigaciones, una por desaparición forzada, y otra por secuestro con resultado de muerte.

En ese contexto, el debate se centró en la actuación y el uso de la fuerza por parte de los militares en el contexto del estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, medidas adoptadas por el Ejecutivo en medio de la crisis de seguridad en el país.

Los 16 uniformados procesados por la desaparición forzada de los niños permanecen en prisión, aunque en dos ocasiones han intentado salir de la cárcel.

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