El ataque se produjo esta madrugada en la provincia de Pataz, de la región norteña de La Libertad, y dejó sin electricidad a la unidad denominada Santa María de la mayor mina de oro del país, aunque la energía se restableció en pocos minutos.
La versión empresarial añade que hubo simultáneamente una de ataques armados en diversos puntos de la zona y dieron muerte a un minero artesanal que extraía el metal por contrato con la empresa.
La operación, según la compañía, dejó además a 50 trabajadores con síntomas de intoxicación por el humo de neumáticos en llamas que los atacantes lanzaron a los túneles mineros para anularlos.
El de hoy fue el tercer atentado contra la minera Poderosa en menos de tres meses y la torre abatida fue la tercera derribad a en los últimos tres años, según datos de la empresa que consignan en total 18 trabajadores muertos desde años atrás.
“Esta escalada de violencia se da a pesar de la vigencia del estado de emergencia y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del Ejercito en Pataz”, señala un comunicado de Poderosa.
Agrega que hay 25 zonas de la empresa tomadas por mineros ilegales que se mantienen impunes, sin que la Policía atienda los reiterados pedidos de desalojarlos.
También sostiene que desde hace medio año está suspendido un programa de clasura de más de 450 bocaminas ilícitas y plantas ilegales y más de 40 plantas de procesamiento de mineral de oro y se el transporte a las plantas formales de tratamiento del mineral, en la costa de La Libertad.
Agrega que en 2024 los mineros ilegales trasladaros a las plantas costeras seis mil cargamentos en camiones que recorrieron un trayecto de 326 kilómetros.
“La minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país, pues generó seis mil millones de dólares en 2024 y ha superado al narcotráfico”, asegura la empresa y agrega que propicia otros delitos como explotación sexual, extorsión, sicariato y depredación ambiental.
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