En la noche de este viernes, el TCE se reunió de manera virtual para tratar el recurso presentado por la defensa de la vicemandataria, que pidió aclarar el fallo contra Abad, acusada por violencia política de género contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

La sentencia, ya en firme y sin margen de apelación, obliga a la vicegobernante ecuatoriana a pagar una multa de 14 mil 100 dólares y a pedir disculpas a Sommerfeld, además de que quedan suspendidos sus derechos de participación política por dos años.

Eso implica que en ese tiempo no podrá ejercer cargo público, ni tampoco podrá votar.

Si bien Abad no fue formalmente destituida como vicepresidenta, pues es algo que solamente la Asamblea Nacional (Parlamento) puede concretar, no podrá ejercerla y en términos prácticos queda fuera del Ejecutivo. Según la sentencia, el Ministerio del Trabajo deberá registrar “la suspensión de los derechos de participación de la señora María Verónica Abad Rojas y establecerá el impedimento de ejercer cargo público”.

El ministro de Gobierno, José De la Gasca, adelantó más temprano que con la decisión del TCE, el «camino estaría libre» para que el presidente y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, «pueda encargar debidamente el poder en buenas manos».

Poco antes de la sesión judicial, Abad -que se encuentra en Türkiye por orden de Noboa- presumía que ese sería el desenlace y anunció que acudirá a organismos internacionales ante la “consolidación del autoritarismo judicial” y para “garantizar procesos democráticos”.

“En Ecuador se está manipulando la justicia como herramienta política persecutoria. (…) Esta instrumentalización del sistema de justicia desde el poder Ejecutivo vicia la pretensión de elecciones, transparentes, libres y justas”, aseveró.

La nueva sanción contra Abad llegó en medio de la campaña electoral con vistas a la segunda vuelta del próximo 13 de abril y, de acuerdo con la legislación, Noboa debería pedir licencia y encargar a la vicepresidenta la jefatura del Ejecutivo durante la fase proselitista.

Sin embargo, hasta el momento Noboa no ha solicitado la licencia, como tampoco lo hizo en la primera vuelta, cuando delegó sus funciones en determinados momentos a Cynthia Gellibert, a quien él mismo designó por decreto como vicepresidenta encargada.

“¿Por qué me odia señor presidente? ¿Por qué esta persecución tan brutal contra todos los que me rodean? La justicia llegará en algún momento», preguntó Abad en una entrevista reciente.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, se pronunció en redes sociales sobre la situación de la vicemandataria ecuatoriana y advirtió sobre los riesgos del uso distorsionado de figuras legales vinculadas a la violencia política.

“En este caso, preocupa particularmente que se haya aplicado una sanción de suspensión de derechos políticos a una autoridad con mandato constitucional, sin que se haya demostrado violencia real, daño efectivo, ni afectación al ejercicio de funciones públicas”, señaló Alsalem.

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