La continuación de la recolección de firmas en las Plazas Bolívar del país, movilizaciones en las calles, mensajes de solidaridad llegados de diversas partes del mundo y la permanente denuncia y acompañamiento del Ejecutivo y el Estado continuaron en todo este periodo.

Entre lo más significativo en torno al primero de los temas, resaltó las conversaciones telefónicas sostenidas por el presidente Nicolás Maduro con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Ambos diálogos por separados, el 26 y el 28 de marzo, respectivamente, versaron sobre la solicitud para “asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de los compatriotas injustamente detenidos en los campos de concentración de El Salvador”.

En territorio centroamericano los jóvenes fueron “encarcelados sin ningún tipo de proceso judicial y privados de su derecho a la defensa”, indicó en un comunicado el Ministerio para Relaciones Exteriores.

Maduro demandó la necesidad que el Sistema de Naciones Unidas “asuma un compromiso firme en la garantía de los derechos de los venezolanos migrantes, velando por el cumplimiento del Derecho Internacional, en especial aquel que protege a las personas en condición de movilidad”.

De acuerdo con el texto oficial, los altos funcionarios de la ONU expresaron su compromiso de “activar todos los mecanismos disponibles para restablecer, lo antes posible, los derechos flagrantemente violados de los migrantes venezolanos”.

Reafirmó el Presidente la firme determinación de su Gobierno de “no descansar hasta garantizar el regreso seguro a la patria de cada compatriota, injustamente encarcelado”.

El canciller Yván Gil cuestionó asimismo la política de doble rasero de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el caso de los migrantes venezolanos.

“Se condena a un país por situaciones injustas y luego su población migrante no es defendida por ellos”, enfatizó.

El alto diplomático aseveró que estas instituciones “extrañamente hasta ahora han mantenido cierto silencio”, y demandó que estas “deben ponerse al servicio de la humanidad y de los venezolanos de bien que ejercieron su derecho a emigrar”.

A esto se unió el acto de desagravio en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), en la que su titular Jorge Rodríguez, en presencia de familiares de los secuestrados, patentizó el apoyo de la Junta Directiva y los 277 diputados a esta causa.

Rodríguez dio la bienvenida a los familiares de los migrantes, a los cuales consideró “invitados de honor”, “honran con su presencia” y luchan para que se haga justicia del secuestro a que fueron sometidos “en el campo de concentración del salvadoreño Nayib Bukele”.

“Venezolano que no se solidarice y no busque activamente la libertad de nuestros muchachos esta volteando la mirada”, enfatizó.

La diputada del oficialismo Rosa Gómez denunció la acción del imperialismo estadounidense “contra Venezuela y la patria toda”, e hizo un llamado a la ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos a pronunciarse “en favor de este pueblo sencillo y noble, cuyos hijos jamás debieron ir a la cárcel”.

Por la bancada opositora, el legislador Jesús Brito convocó a la unidad nacional “para defender los derechos de estos hermanos nuestros”, y afirmó ahora no se trata de ser del chavismo o de la oposición, sino de acompañar desde este Parlamento, ambas bancadas, esta lucha.

En este contexto, retornaron al país migrantes deportados de Estados Unidos en vuelos del plan Vuelta a la Patria, una política que el Gobierno ratificó mantener para hacer regresar a todo connacional que así desee desde cualquier parte del mundo y de los que ya retornaron más de 1,2 millones desde el 2018.

De otro lado, la Cancillería rechazó de manera firme y categórica el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel secundario del 25 por ciento a quien comercie con Venezuela en materia de petróleo y gas.

Una nota oficial calificó la medida “arbitraria, ilegal y desesperada”, y afirmó que “lejos de afectar nuestra determinación, confirma el fracaso rotundo de todas las sanciones impuestas contra el país”.

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