En el informe televisivo diario de la gobernante sobre las operaciones contra la delincuencia, dijo que se creará una división policial dedicada a combatir la minería ilegal en la provincia norteña de Pataz, donde se registró el ataque de ayer.

“No vamos a permitir que la delincuencia pretenda desestabilizar las acciones económicas en sectores como la minería”, dijo a tiempo de asegurar que las medidas anunciadas serán contundentes contra la actividad ilícita que destruye bosques, contamina ríos y perjudica las inversiones.

En la misma presentación, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García, anunció que la división policial anunciada estará a cargo de un oficial de alto rango.

También, agregó, se crearán puestos de vigilancia en las vías de transporte mineral de procedencia ilegal hasta las plantas procesadoras en la costa de la región de Pataz, provincia ubicada tierra adentro, en las alturas andinas.

Las medidas atienden a las quejas de la empresa minera Poderosa, atacada ayer, sobre pasividad policial ante la minería ilícita y el transporte masivo de militar por la ruta a la costa.

Pataz se encuentra bajo estado de emergencia y con presencia del Ejército, pese a lo cual la minería ilegal persiste, al igual que las esporádicas acciones violentas de elementos armados.

La empresa Poderosa sostiene que Pataz se ha convertido en el principal bastión de la criminalidad organizada que agobia al país y es considerada el principal problema y motiva frecuentes protestas.

Artistas de diversos rubros marcharon ayer al Ministerio del Interior en demanda de seguridad, y el desde hace unos días titular de la cartera, Julio Díaz, los recibió en su despacho y escuchó sus pedidos, como la creación de un programa de protección para la comunidad artística, víctima de extorsiones y asesinatos.

En el lado norte de Lima, padres de los alumnos de una escuela cerrada por amenazas de muerte de extorsionadores que exigen dinero a los maestros, protestaron exigiendo protección.

Según informes de la prensa, en ese y otros barrios de la periferia de Lima habría cientos de escuelas privadas que son extorsionadas pero no lo denuncian por temor y desconfianza en la Policía y ceden a las exigencias de los criminales.

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