Tales demandas afloraron después que el Supremo Tribunal Federal recibiera el martes la denuncia criminal de la Fiscalía General contra Bolsonaro y siete aliados cercanos, el llamado núcleo crucial de la componenda, por tentativa golpista tras las elecciones de 2022.

Además, los actos y movilizaciones ocurrieron en el momento en que el ala bolsonarista (adeptos de Bolsonaro) intenta colocar, en la Cámara de Diputados, una solicitud de urgencia para un trámite de proyecto de ley, que libera de penalidades a quien haya participado en actos populares en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022.

Bolsonaro fue derrotado en las urnas en esa fecha al intentar la reelección ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En Sao Paulo, la Avenida Paulista, tradicional punto de actos populares, fue el escenario de movilización.

La protesta fue impulsada por los frentes Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, que aglutinan diferentes entidades civiles, como sindicatos, partidos políticos y movimientos populares, todos ellos situados en el espectro del campo progresista.

Parlamentarios de izquierda como Guilherme Boulos y Lindbergh Farias intervinieron en el acto, al utilizar la estructura de sonido montada para el evento.

Durante su discurso, Boulos aseguró de comparar el volumen de participantes con la reciente protesta realizada por partidarios de Bolsonaro en Copacabana, en Río de Janeiro, afirmando que la manifestación en la capital paulista reunió a un contingente superior.

Lideró a los manifestantes en los gritos de «sin amnistía», que resonaron entre los presentes.

En Río de Janeiro, además de la distribución de pegatinas, algunos manifestantes portaban carteles por el fin de la indulgencia a los golpistas. Uno de ellos tenía la foto de Bolsonaro tras las rejas.

Voces entre los movilizados pedían frenar la iniciativa de amnistía en la Cámara baja y el arresto del político ultraderechista.

Otras manifestaciones ocurrieron en otras siete capitales: Fortaleza, Sao Luís, Belo Horizonte, Belém, Recife y Curitiba.

En febrero, el fiscal general Paulo Gonet presentó una denuncia contra Bolsonaro y otras 33 personas por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, daño calificado y deterioro de patrimonio declarado.

Los delitos por los que se acusa al excapitán del Ejército pueden sumar en total hasta 43 años de prisión.

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