“El salvoconducto a favor del expresidente Ricardo Martinelli ha sido concedido en aplicación de normas convencionales de Derecho Internacional, las cuales prevalecen sobre el accionar de las autoridades de policía en este caso”, señala el mensaje de la Cancillería.
El texto subraya que el gobernante de 73 años puede viajar perfectamente en condición de asilado político, a pesar de la existencia de una orden de captura, ya que se dirige al país donde le ha sido concedido ese beneficio.
Esta declaración del Ejecutivo tiene lugar en momentos en que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que, mientras no se aclare la situación de la alerta, no podría recibir al exmandatario, refugiado en la embajada del país centroamericano en esta capital desde el 7 de febrero de 2024.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó a la prensa que aún se mantiene en trámite una solicitud de alerta de Interpol contra el multimillonario.
La petición fue presentada por la jueza Baloisa Marquínez, la misma que en 2023 lo condenó a más de 10 años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales, asociado al caso New Business sobre la compra de la editora Panamá América con recursos del Estado.
Marquínez emitió esa orden de captura contra Martinelli para que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hiciera efectivo su traslado a un centro penitenciario para el cumplimiento de su pena.
Según el comunicado oficial, la Secretaría General de Interpol, con sede en Francia, debe evaluar si la alerta será aprobada o rechazada y, en caso de proceder, se notificará a los países miembros.
El otorgamiento del permiso de salida a Martinelli provocó este domingo en el istmo reacciones contrarias.
Para Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, el salvoconducto es un golpe al Estado de Derecho y una muestra de la impunidad en la nación istmeña.
Por su parte, el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Martinelli, indicó que su expectativa era un permiso para que el multimillonario recibiera atención médica, debido a problemas de salud.
La estadía de Martinelli en la embajada nicaragüense ha sido cuestionada porque de manera frecuente emitía juicios sobre la política nacional, lo cual contraviene las normas internacionales de asilo.
La anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli, alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial.
El exdignatario también enfrenta una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia de Panamá.
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