La denuncia fue expuesta por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (Onamiap) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmuc).

Las agrupaciones rechazan que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) haya considerado en el censo, las opciones de autoidentificación racial “mestizo” y “blanco” y “otros”, lo cual, si bien tiende a invisibilizar a los nativos, crea confusión y distorsiona los resultados de la encuesta nacional.

El censo de 2017 verificó que 25 por ciento de los peruanos de definen indígenas, porcentaje que podría reducirse por los términos de la encuesta que impugnan los originarios.

El resultado puede también, según los dirigentes, afectar la intangibilidad de los territorios nativos, codiciados por intereses empresariales locales y extranjeros y la obligatoriedad de la consulta previa a los indígenas sobre proyectos económicos en esas tierras.

Según los denunciantes, los conceptos de autoidentificación racial fueron desaconsejados por la Comisión Económica para America Latina (Cepal), pero la recomendación fue desestimada por el INEI por presiones empresariales y de sectores conservadores antiderechos.

En Perú, los censos se realizan cada 10 años, el último fue en 2017 y el próximo estaba previsto para 2027, pero el Gobierno lo adelantó con el argumento de que el país había cambiado mucho debido a la pandemia de Covid-19, iniciada en 2019.

La presidenta de Onamiap, Ketty Marcelo, cuestionó el adelanto y argumentó que no existen condiciones de transparencia para su realización en el segundo semestre de 2025, entre otras razones porque los pueblos indígenas fueron excluidos de su preparación.

“Estamos muy preocupadas porque para nosotros los censos son fuentes de derecho”, dijo y argumentó que la consulta se realizará bajo un gobierno adverso a los pueblos indígenas, aseveró.

La dirigente aseveró que no hay condiciones para el censo, además, porque “Estamos siendo reprimidos, perseguidos y en camino a desaparecer como organizaciones de pueblos indígenas” por las leyes que dicta el Parlamento, mayoritariamente conservador, y aprueba el Ejecutivo.

Dijo que desde hace unos meses, las organizaciones indígenas son acusadas de politizar el censo con sus reclamos, por la Confederación Nacional de Empresarios Privados (Confiep), la más interesada en la explotación de los territorios nativos.

Para la presidenta de la Fenmuc, Lourdes Huanca, detrás del adelanto del censo está el objetivo ulterior de negar el derecho a la consulta previa de las decisiones que afecten a los territorios indígenas, amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por el Estado peruano.

“Quieren seguir despojándonos de nuestras tierras para que, en caso de encontrarse oro o cobre en nuestro territorio, su explotación no pase por la consulta previa”, advirtió.

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