Específicamente, este lunes, la mesa legislativa busca profundizar en por qué el Gobierno, a pesar de no adjudicar al consorcio Sinopetrol el bloque de crudo más productivo del país, aún no derogó la resolución ministerial que permite concesionarlo.

Tras numerosos cuestionamientos y protestas de organizaciones sociales, el proceso no se concretó porque Sinopetrol, que sería quien operaría Sacha, no pagó la prima de mil 500 millones de dólares en el tiempo fijado por el Ejecutivo.

Además de las críticas por las pérdidas económicas para el Estado en caso de firmarse el contrato, en redes sociales circularon denuncias que la empresa llamada El Ordeño, vinculada a la familia del mandatario, Daniel Noboa, estaría vinculada a Amodaimi, una de las entidades integrantes del consorcio.

Sin embargo, El Ordeño emitió un comunicado para decir que no tenía ninguna relación o vinculación con Amodaimi y Noboa también negó los vínculos de su familia con esa entidad.

A pesar de los intentos por desvincularse, persisten las dudas sobre los intereses reales detrás de la posible concesión de Sacha, considerada “la joya de la corona”, aunque la titular de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró que estaba “oxidada”.

Por otro lado, el caso de la empresa Progen se refiere a la demora de esa compañía para instalar los motores generadores contratados en medio de la crisis eléctrica que sufrió el país a finales de 2024.

Para aclarar esos puntos, Fiscalización citó a las máximas autoridades de la cartera de Energía y Minas, Petroecuador, Contraloría General del Estado, Corporación Eléctrica del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, Procuraduría General del Estado, entre otras instituciones. “Estas autoridades han sido convocadas previamente y se han excusado de participar, entorpeciendo nuestro trabajo. En el caso de la Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, esta es su cuarta convocatoria”, señaló el grupo parlamentario en un comunicado.

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