Según el portal G1, hasta este lunes, los ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes y Cármen Lúcia Antunes votaron en contra del recurso de la defensa del exgobernante para la penalidad de 40 mil reales (unos siete mil dólares) por difusión electiva irregular contra la fórmula de Lula durante la campaña de 2022.
El titular de la primera sala, ministro Cristiano Zanin, se declaró impedido de participar en el análisis del caso. El único voto pendiente era el del magistrado Luiz Fux, quien votaría hasta el viernes.
Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), el equipo de Bolsonaro impulsó contenidos que violaban la legislación de votación vigente.
La defensa del político ultraderechista recurrió al STF con el argumento de que el correctivo representaba una afrenta a los derechos constitucionales de libertad de expresión e información.
Sin embargo, el relator del caso en el Supremo, el juez Dino había rechazado este argumento en decisión monocrática.
La defensa insistió y el tema fue llevado al plenario virtual de la primera sala.
Al justificar su posición, Dino argumentó que «no hay ninguna violación en la decisión del TSE, que está debidamente fundamentada y en consonancia con la legislación».
También según el informe, el juicio debe continuar hasta el 4 de abril, a menos que algún ministro pida vista o solicite el análisis presencial del caso.
En 2023, el TSE aplicó la multa a Bolsonaro y a la coalición Por el bien de Brasil.
De acuerdo con el ponente del expediente en el tribunal electoral, ministro Benedito Gonçalves, fueron difundidos 10 anuncios en sitio de búsqueda que llevaban a usuarios a un sitio con contenido negativo sobre Lula.
La determinación de la punición fue unánime entre los ministros de la TSE y atendió a una representación propuesta por la federación Brasil de la Esperanza, de la que el gobernante Partido de los Trabajadores (el de Lula) es parte.
El staff jurídico de Bolsonaro llegó a presentar recursos al TSE y al STF, pero las solicitudes fueron negadas.
Los abogados del exjefe del Ejecutivo (2019-2022) pidieron en noviembre un nuevo análisis del caso.
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