El presidente del JNE, Ricardo Burneo, confirmó a la prensa que participarán en los comicios generales el 12 de abril, los partidos que hayan culminado el procedimiento de inscripción antes de esa fecha, exactamente un año antes de la concurrencia a las urnas.

La semana pasada, el magistrado tuvo una confusión y dijo que solo participarían las agrupaciones que se hubieran inscrito hasta el 25 de marzo, es decir, el día de la convocatoria de los comicios por la presidenta Dina Boluarte.

El representante del Colegio de Abogados de Lima, Willy Ramírez, al igual que expertos en legislación electoral, acotaron que la ley establece que el límite no es el día de la convocatoria, sino un año antes de los comicios.

Sin embargo, es imposible que partido alguno pueda comenzar el complejo procedimiento de inscripción en el registro de organizaciones políticas, pues quedan pocos días para el cierre.

Burneo informó por otra parte que una reunión del JNE determinó que los partidos podrán inscribir posibles alianzas que alivien la dispersión de opciones que tendrá el elector.

Hasta hoy está consolidada la inscripción de 32 fuerzas que competirán por la presidencia, dos vicepresidencias, 190 escaños parlamentarios y cinco miembros del Parlamento Andino, y hay algunos que han sido objeto de tachas y están a punto de culminar su inscripción, lo cual podría elevar la cifra a 41.

La cantidad es tal, que la cédula de votación, si se mantiene en ese rango, será un papelógrafo de 60 centímetros de alto, atiborrado de pequeñas fotos, logotipos y nombre que convierten en una tarea casi imposible la del encontrar el candidato preferido.

La inflación de competidores y el consiguiente fraccionamiento del electorado, ha motivado un amplio plazo para inscribir alianzas entre partidos hasta el primero de agosto próximo, a diferencia de los comicios de 2021, cuando el plazo para registrar coaliciones venció el primero de mayo de 2020.

Otro problema será el retorno al viejo método de reconteo de votos, según expertos electorales, pues ese procedimiento, aplicado ante reclamos de personeros de los partidos, fue abandonado en 1962 por ser innecesario y causa de trifulcas y otros problemas.

La legislación electoral establecía que los votos se cuentan en la mesa de sufragio, se consignan las impugnaciones y se dejan en mano de los jurados especiales y se destruyen las papeletas de votación.

El retorno al reconteo atiende al empeño del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), de la dirigente Keiko Fujimori, de insistir que en los comicios de 2021 hubo “prácticas fraudulentas” contra ella que favorecieron al ganador por estrecho margen, Pedro Castillo.

Pesquisas periodísticas y la investigación de una comisión parlamentaria integrada mayoritariamente por congresistas afines investigó durante varios meses, sin encontrar ninguna prueba del supuesto fraude.

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