A través de su perfil en la red social X, Fernández explicó que su defensa cuestionó ante esa instancia la decisión del Tribunal de Casación Penal de rechazar un recurso extraordinario interpuesto contra su fallo, sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas.

Tampoco respondieron sobre la arbitrariedad manifiesta de sentencia, ni la refutación concreta y razonada de cada uno de los “fundamentos” dibujados en las instancias previas, indicó.

En 2022, la expresidenta fue condenada a seis años en prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual consideró parte de una persecución judicial.

Mientras organizaciones sociales rechazaban las acciones en su contra, el Tribunal Oral Federal 2 sentenció a la también extitular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.

Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que la exmandataria rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.

En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena y el 21 de este mes declaró inadmisible un reclamo de la actual dirigente del Partido Justicialista.

Esta jornada, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy explicaron que fue interpuesto un recurso, en el cual “quedaron demostradas las alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso en contra Fernández”.

También denunciaron la falta de independencia e imparcialidad de los jueces y anunciaron que, una vez agotadas todas las instancias, acudirán a los órganos internacionales competentes en materia de derechos humanos.

Se incurrió en un caso paradigmático de arbitrariedad. Se dictó una condena desprovista de todo sustento lógico, probatorio y jurídico. A ello se le suma que muchos de nuestros planteos sobre cuestiones centrales de la imputación no merecieron ninguna respuesta, señala el texto presentado hoy.

Las graves irregularidades cometidas no son vicios aislados ni meros errores jurisdiccionales, sino que encuentran como única posible explicación la decisión deliberada de privar a Fernández de las garantías de las que debe gozar cualquier persona cuando enfrenta un juicio penal y de dictarle una condena que, entre otras cosas, determine su exclusión definitiva de la vida política, añade.

Por otra parte, en su publicación la expresidenta afirmó que la designación por decreto de García viola la Constitución y recordó que el 27 de este mes el actual jefe de Estado aseguró en un reportaje periodístico que ella irá presa.

Lo repitió varias veces con certeza absoluta y en forma agresiva, casi como dando una orden. Esto, además de comportar una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales, repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión, quien fue emplazado en el cargo por exclusiva voluntad de Milei, quien reclama la condena a prisión de mi persona, apuntó.

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