“La fundación Human Rights no es una institución catalogada o reconocida como tal ante las Naciones Unidas (ONU). Las únicas dos instancias reconocidas para nosotros son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones sí son vinculantes”, afirmó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.
Aclaró la autoridad que esa fundación no se encuentra en ninguno de esos dos sistemas.
Condori añadió que durante la audiencia pública del Juicio Golpe de Estado I desarrollada este lunes, esa fundación no pudo acreditarse como parte de la ONU, por lo cual se autorizó su participación solo como público en general.
Sobre la base de esa aclaración, reiteró que las opiniones de tal organización no gubernamental no resultan de cumplimiento obligatorio por el Estado boliviano, y lamentó que sus apreciaciones sobre el tema sean “totalmente sesgadas e incongruentes”.
Criticó Condori que la fundación se haya referido al penal de Chonchocoro como la “Siberia de Rusia”, cuando la razón por la que se trasladó al acusado en el juicio Golpe de Estado I a ese recinto penitenciario fue para precautelar su salud.
“Allá se tiene las garantías de contar con personal médico las 24 horas (…), siete días a la semana, para precautelar la salud del señor Camacho”, aseguró.
Son procesados en este expediente Camacho, y el expresidente del comité cívico de Potosí Marco Antonio Pumari.
Fueron investigados en este proceso la expresidenta de facto Jeanine Áñez, el encarcelado preventivamente desde diciembre de 2022 Camacho y Pumari, también recluido con esa condición.
Incluyó este caso, asimismo, a los exgenerales de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, al excomandante de la Policía Yuri Calderón y al exministro Luis Fernando López, todos declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia; así como al exinspector general del Ejército Jorge Fernández.
Áñez, 48 horas después de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Tras la vista de este lunes, se declaró un receso en la audiencia pública hasta el jueves 10 de abril.
lam/jpm
