«La posibilidad existe, vivimos en una completa inseguridad jurídica», declaró Bolsonaro durante una entrevista concedida a AuriVerde, un canal de YouTube que ofrece análisis y comentarios sobre política, economía y sociedad.
El exgobernante (2019-2022) rechazó además pedir asilo en una embajada, aunque sea emitida una orden de cárcel provisoria contra su persona.
A finales de marzo, el gobernante Partido de los Trabajadores pidió a la Fiscalía General la adopción de medidas cautelares contra Bolsonaro.
La solicitud de los parlamentarios federales Lindbergh Farias y Rogério Correia afloró en el contexto de las imputaciones por la tentativa golpista.
En su demanda, los legisladores exigen que se prohíba a Bolsonaro salir de Brasilia sin autorización judicial, además de la imposición de tobillera electrónica y la restricción de circulación en áreas cercanas a las embajadas.
Argumentan que las medidas son necesarias ante la gravedad de las acusaciones y el riesgo de que el político ultraderechista intente huir del país.
«En varias ocasiones Jair Bolsonaro ha alentado públicamente la fuga de condenados por los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023, así como la estancia clandestina en el extranjero, especialmente en Argentina», indica el documento enviado al Ministerio Público Federal.
Refiere que, con esa evasión de los implicados en eventos antidemocráticos, se procura evitar la aplicación de la ley y las decisiones judiciales dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Por el ambicioso propósito de mantenerse en el poder, pero posiblemente perder la libertad, Bolsonaro fue denunciado el 18 de febrero por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de supuesto complot violento.
En esa fecha, la Fiscalía General acusó al líder de la derecha opositora de capitanear una organización criminal para imposibilitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las justas comiciales en 2022.
La primera sala del STF aceptó el 26 de marzo por unanimidad la denuncia sobre el intento de golpe de Estado, lo que convirtió a Bolsonaro y otros siete aliados en acusados en una acción penal.
Tal decisión se tomó sobre la base de la querella presentada por la Fiscalía General, que atribuye al grupo la formación del llamado núcleo crucial de una organización criminal dirigida a la ruptura institucional.
Ahora, el tribunal iniciará la faena punitiva que podrá condenar o absolver a Bolsonaro y a los demás acusados.
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