El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a 15, medidas que se esperaba el presidente Nayib Bukele suavizara.

En 2024 el mandatario dijo a la revista Time que suprimiría la medida cuando la realidad del terreno lo permitiera pero al parecer las condiciones no están dadas.

La extensión fue aprobada por 57 votos a favor de los 60 del parlamento, uno en contra (Vamos) y dos abstenciones (Arena).

Según el Diario El Salvador la continuidad responde al objetivo de “seguir garantizando la seguridad y tranquilidad en las comunidades, que por décadas estuvieron en zozobra por el accionar de las pandillas”.

La propuesta leída por la diputada Elisa Rosales, del partido Nuevas Ideas, explicó que la ampliación hasta el 5 de mayo busca “localizar a sujetos, miembros de estructuras criminales, que se encuentran en otros países, como en Estados Unidos, y que puedan ser deportados”.

Preciso que hay participación de pandilleros en hechos de narcotráfico y entrada de drogas a territorio salvadoreño por vía terrestre con intervención de las maras.

Según la explicación, estas y otras acciones, confirman las necesidad de mantener la medida por más tiempo con el fin de evitar la reorganización de las pandillas.

Asimismo, la ampliación del régimen se produce en el contexto de la deportación desde Estados Unidos de inmigrantes, presuntos integrantes de grupos calificados de terroristas por Washington, y que son recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, el único voto en contra, aseveró que se siguen capturando inocentes y reteniendo en las cárceles a personas pese a cartas de libertad.

“Necesitamos justicia sin margen de error. Si dejaron libre al ‘Crook’ (cabecilla de pandilla que habría sido liberado en noviembre de 2021) y por otro lado hay inocentes, incluso personas fallecidas, eso no es justicia» , manifestó.

Reitero la necesidad de que exista una justicia “sin abusos, queremos seguridad y paz verdadera que no se base en ningún tipo de tregua ni acuerdos con grupos del crimen organizado».

Señaló que no se puede avanzar en una verdadera seguridad, si no se trabaja para eliminar las causas de la violencia como la pobreza y la “corrupción de gobiernos que han pactado con pandillas”.

mem/lb