La nueva prórroga es esperada en un ambiente de expectativa por las reformas a la normativa que viene aprobándose sin cambio desde el 27 de marzo de 2022 y que el presidente Nayib Bukele mostró disposición desde el año último en variar algunas de sus partes dado el avance en el combate a las pandillas.
El actual decreto esta vigente desde el 7 de marzo al 5 de abril de 2025, luego de su aprobación gracias al respaldo mayoritario del Partido Nuevas Ideas que tiene 54 votos de 60 de la Asamblea Legislativa.
En el avance de la seguridad destacó que marzo terminó con 24 días sin asesinatos atribuibles a las bandas delincuenciales, lo cual permitió un acumulado de 75 jornadas sin letalidades en el trimestre.
El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) dio cuenta de ese resultado al confirmase que el lunes 31 terminó sin muertes provocadas por la violencia.
Este total de días acumulados en marzo se suma a los 25 con los que finalizó febrero y los 26 de enero, lo cual afianza la idea del gobierno de bajar la tasa de 1.9 por ciento de homicidios por cada 100 mil personas.
Estas estadísticas muestran que la administración Bukele desde el inicio de su mandato en 2019 alcanzó un total de 872 días con cero asesinatos.
El régimen de excepción desde su aprobación es blanco de críticas de organizaciones que acusan al gobierno de cometer presuntas graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática.
No obstante, el salvadoreño de a pie y en general la población se siente satisfecha luego que la medida eliminó la violencia y el ambiente criminal impuestos por las maras o pandillas que durante años se adueñaron del país y que gobiernos tanto de derecha como izquierda fueron incapaces de frenar.
Algunos expresan inconformidad pues su adopción implicó la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas, libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones.
También, miles de detenciones arbitrarias y muerte de reos en penales son algunos de los señalamientos más frecuentes.
En días recientes, al cumplir sus tres años de vigencia, la normativa tuvo evaluaciones cercanas al 90 por ciento de aprobación pese a que una de sus características es que durante su aplicación debe ser temporal la suspensión de ciertos derechos.
Conocida como el Decreto Legislativo número 333, avalado por nueve de cada 10 salvadoreños, la medida atrae más apoyo que críticas luego de ayudar a que el país se posicione como uno de los más seguros del continente y del mundo.
Algunas fuentes como Francisco Parada, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, opinan que la medida se convirtió “en un mecanismo permanente de control social, militarización y represión”.
mem/lb
