Según el documento, el exgobernante, a través de sus redes sociales y declaraciones públicas, convocó para el 9, 10 y 14 de marzo a sus partidarios para participar en una movilización en favor de la amnistía de los condenados o investigados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023.

A partir del pedido, el Ministerio Público Federal debe dar su parecer en un máximo de cinco días.

De Moraes demanda, además del análisis de la solicitud de prisión preventiva, el reconocimiento de que Bolsonaro cometió los delitos de obstrucción a la justicia, incitación a crímenes contra las instituciones democráticas y coacción en el curso del proceso.

La solicitud también requiere un análisis de una posible restricción de la actuación del exjefe del Ejecutivo en nuevas convocatorias que puedan incitar a actos antidemocráticos.

Bolsonaro y otros siete aliados cercanos se tornaron acusados el 26 de marzo, después de la decisión unánime de la primera sala del Supremo Tribunal Federal.

En esa determinación prevaleció la opinión del relator, De Moraes, quien en la lectura de su voto elogió a la Fiscalía General y sostuvo la complejidad de la ruptura institucional.

«Ese propósito quedó evidente en los ataques recurrentes al proceso electoral, en la manipulación indebida de las fuerzas de seguridad para interferir en la elección popular, así como en la convocatoria del alto mando del Ejército para obtener apoyo militar a un decreto que formalizaría el golpe», refirió el magistrado.

Señaló que la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido.

Precisó que la denuncia mostró todo el período de actuación y que existía una «organización criminal que era estable, con una acción coordinada como estrategia del grupo».

Con la querella recibida, los acusados pasan a responder penalmente por las acciones en el Supremo.

Entonces, los procesos transitan a la fase de instrucción, compuesta por varios procedimientos para investigar todo lo sucedido y la participación de cada uno de los involucrados en el caso.

Testimonios, datos e interrogatorios serán recogidos en este momento.

Después, el ministro responsable del caso elabora un informe. En la secuencia, la primera sala de la corte superior juzga si condena a los denunciados por la Fiscalía General.

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