Una resolución ministerial del 28 de febrero adjudicó el bloque -ubicado en la Amazonía y actualmente operado por la estatal Petroecuador- al consorcio Sinopetrol, compuesto por la empresa china Amodaimi y la canadiense New Stratus Energy.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) ha convocado en varias ocasiones a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas para explicar por qué sigue en pie esa disposición, sin embargo, no han acudido al Legislativo.

El canal local Ecuavisa informó que New Stratus Energy lanzó una oferta de acciones en la Bolsa de Toronto para captar inversionistas y completar los 600 millones de dólares que debe aportar como parte de los mil 500 millones exigidos por el Gobierno ecuatoriano para concretar la concesión.

Según la firma de análisis HFI Research, citada por el medio, el contrato con Sinopetrol podría concretarse en caso de que el presidente Daniel Noboa sea reelecto el próximo 13 de abril, e incluso, la firma del contrato podría ser el 16 de abril.

Mientras, la falta de claridad sobre el estatus legal de la concesión genera incertidumbre debido a la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo, que declaró supuestamente cerrado el proceso el 11 de marzo pasado.

De hecho, la bancada legislativa del movimiento Revolución Ciudadana, de oposición, anunció que presentará un pedido de juicio político contra la titular de Energía y Minas, Inés Manzano, por no acudir a las reiteradas citas de la Comisión de Fiscalización.

Tras numerosos cuestionamientos y protestas de organizaciones sociales, la adjudicación no se concretó inicialmente porque Sinopetrol no pagó la prima de mil 500 millones de dólares en el tiempo fijado por el presidente Noboa.

Además de las críticas por las pérdidas económicas para el Estado en caso de firmarse el contrato, en redes sociales circularon denuncias de que la empresa El Ordeño, vinculada a la familia del mandatario, estaría vinculada a Amodaimi, una de las entidades integrantes del consorcio.

Sin embargo, El Ordeño emitió un comunicado para decir que no tenía ninguna relación o vinculación con Amodaimi y Noboa también negó los vínculos de su familia con esa entidad.

A pesar de los intentos por desvincularse, persisten las dudas sobre los intereses reales detrás de la posible concesión de Sacha, considerada “la joya de la corona”, aunque la ministra Manzano declaró que estaba “oxidada”.

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