El lunes pasado, cuando parecía que era inminente su viaje a Managua, luego de permanecer refugiado más de un año en la embajada del país centroamericano en esta capital, Managua emitió un comunicado en el que señalaba que no recibiría al exgobernante de 73 años mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol en su contra, pero luego las autoridades panameñas aclararon es inexistente e improcedente y prorrogaron el permiso de salida 72 horas.

Martinelli permanece en esa representación diplomática desde el 7 de febrero de 2024, luego de ser condenado por lavado de dinero en el caso New Business a 10 años y ocho meses de cárcel y pagar una multa de 19,2 millones de dólares tras la compra con recursos del Estado de la editora Panamá América.

Abogados del exmandatario como Alfredo Vallarino dijeron a la prensa que aún esperan un comunicado oficial que permita el viaje, pero el plazo vence este jueves a las 12 de la noche.

En las afueras de la embajada se mantiene una vigilia de seguidores de Martinelli y de su partido Realizando Metas (RM), concentración que aumenta en la medida que se acerca el fin de la fecha concedida para su salida del país.

El portavoz de RM, Luis Eduardo Camacho, precisó antes que el salvoconducto que recibió el dirigente político es un paso necesario, pero que tiene sus complejidades debido a las coordinaciones que se deben efectuar con el país asilante.

También trascendió que en la operación de traslado al aeropuerto y hasta el lugar de destino Martinelli será acompañado por diplomáticos nicaragüenses y la Policía panameña, que se hará cargo de su seguridad.

El otorgamiento del permiso de salida a Martinelli provocó en el istmo hoy reacciones contrarias.

Para Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, el salvoconducto es un golpe al Estado de Derecho y una muestra de la impunidad en Panamá.

Por su parte, el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal del multimillonario, indicó que su expectativa era un permiso para que el multimillonario recibiera atención médica, debido a problemas de salud.

La estadía de Martinelli en la embajada nicaragüense ha sido cuestionada porque de manera frecuente emitía juicios sobre la política nacional, lo cual contraviene las normas internacionales de asilo.

La anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial.

Martinelli también enfrenta una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia de Panamá.

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