El magistrado atendió la solicitud de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) que se manifestó contra la cárcel provisoria y pidió el archivo de la noticia-crimen.

Según el fiscal general Paulo Gonet, la concejala Liana Cristina da Costa, quien demandó la prisión preventiva, no está en legitimidad para hacer esta solicitud al STF y no hay elementos mínimos de prueba que justifiquen el arresto del exgobernante.

«Innegable, además, la flagrante ilegitimidad activa de los demandantes para solicitar medidas cautelares. Por otro lado, los informes de los noticieros no contienen elementos informativos mínimos, que indiquen suficientemente la realidad de delito penal», alegó Gonet.

En su manifestación, precisó que ese tipo de acción debería ser protocolado en la policía o en el Ministerio Público, órganos responsables de representar esa medida.

También el fiscal recordó que todas las acciones apropiadas que involucran a Bolsonaro ya fueron solicitadas por el Ministerio Publico Federal dentro del marco de la investigación que llevó a la denuncia contra él por intento de golpe de Estado.

De Moraes había pedido a la Fiscalía General opinar si el encarcelamiento era necesario para garantizar «orden público», orientación natural dentro de los procesos.

La noticia-crimen fue registrada por la concejala después que Bolsonaro convocara a partidarios para un acto en apoyo a la amnistía a condenados o investigados por participación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023.

El político ultraderechista participó el 16 de marzo en protestas por el indulto en Copacabana, Río de Janeiro, y convocó a una nueva manifestación para la Avenida Paulista, en Sao Paulo, el próximo domingo.

Según Da Costa, en la situación cabía la prisión preventiva «con el fin de garantizar el orden público y la instrucción procesal».

La primera sala del Supremo tornó el 26 de marzo a Bolsonaro y a otros siete aliados cercanos en acusados por los delitos de golpe de Estado, intento de abolir el Estado Democrático de Derecho, daño calificado por la violencia y grave amenaza y deterioro del patrimonio declarado.

El siguiente paso es la instrucción del proceso, cuando se recogen testimonios, se hace el análisis de documentos y la realización de pericias presentadas por las partes.

Con el fin de la instrucción, el proceso va a juicio. En el análisis, los ministros de la primera sala decidirán si el expresidente y los demás acusados serán condenados a prisión o absueltos.

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