El reporte fue publicado tras la difusión por la prensa, de que en mayo próximo vencerá el plazo dado por un dictamen del Tribunal Constitucional (TC), el cual dispone que el Estado construya infraestructura carcelaria y alivie la sobrepoblación de la mayoría de los presidios.

La versión oficial afirma que los citados recursos fueron gestionados mediante un crédito de fuente externa que se desembolsará en la medida del avance de los proyectos de construcción de cárceles.

Sobre lo tabajos realizados, precisó que entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 se terminaron 656 nuevas unidades de albergue (celdas) en los penales de las ciudades surandinas de Puno y Lampa y en la amazónica de Iquitos.

Además, están en plena ejecución las ampliaciones de las cárceles de Iquitos y la ciudad surandina de Abancay, con 993 unidades de albergue, así como avanza el proyecto denominado Medio Libre Surquillo.

También se encuentran en fase preliminar ampliaciones de las prisiones de Arequipa, Pucallpa, Piura, Ica, Trujillo, Moyobamba, Chincha y Chiclayo y están en evaluación similares obras en presidios de Lima y las regiones de Cajamarca, Huánuco, Cusco y Amazonas, que sumarán 22 mil 102 nuevas unidades de albergue.

En proyecto, añade el informe, se encuentran una cárcel para 16 mil sometidos a juicio y otra para 10 mil reclusos de alta peligrosidad, entre otros.

Según informes oficiales, en Perú hay 68 presidios con 94 mil 911 reclusos, más del doble de su capacidad, de solo 41 mil 019 presos, lo que representa un exceso de casi 54 por ciento.

El fallo del TC, dictado en mayo de 2020, advirtió que, de persistir el hacinamiento, las cárceles con exceso de presos deberán cerrarse y descongestionarse con el envío de internos a presidios con capacidad disponible.

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