El presidente Luis Abinader anunció esta tarde, en un mensaje a la nación, 15 medidas «firmes, claras, para algunos dolorosas, pero necesarias».
Comunicó que se amplía la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales con seis áreas operativas bajo el monitoreo, cada una, de un oficial superior.
Además, el país reforzará la vigilancia fronteriza con otros mil 500 soldados, que se suman a los nueve mil 500 que ya prestan servicio en la zona limítrofe.
Explicó que el Gobierno acelerará la construcción del muro fronterizo y alertó que quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar consecuencias «drásticas».
Anunció que, por ese motivo, se incluyó en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso, mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley.
También adelantó que la próxima semana depositará en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente para el endurecimiento de las sanciones a los funcionarios gubernamentales que faciliten o participen en el ingreso de indocumentados, y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas.
Propondrá sancionar casos no contemplados en la legislación, entre estos propietarios de locales comerciales y viviendas que alquilen sus inmuebles a indocumentados.
En su alocución, el gobernante llamó a quienes se encuentren en el país de manera ilegal a marcharse de manera voluntaria «o serán buscados y repatriados».
Precisó que, con este fin, se incorporan 750 nuevos agentes migratorios y prosigue la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias.
Asimismo, apuntó, se cambiará el reglamento de operación de los mercados binacionales, garantizando que el comercio fluya, pero con orden y no para la migración irregular.
Además, dijo que sugerirá la creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios y solicitará la colaboración de los gobiernos locales para aumentar la eficiencia de las repatriaciones en todo el territorio nacional.
Comunicó, además, que instruyó la creación de un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar su cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.
Informó que, para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, dispuso la elaboración de un protocolo que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril.
El mismo, adelantó, obligará al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) a exigir una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria, y se acordará una tarifa para todos los servicios brindados.
Explicó que, en el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. «Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo», agregó.
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