La situación se plantea cuando Perú vive un gran problema de inseguridad por el desborde del crimen organizado en la modalidad de extorsión y su correlato de asesinatos por sicariato, ante lo cual el parlamento ha incrementado las penas de prisión.

El plazo del Tribunal Constitucional (TC) vencerá en mayo próximo y fue planteado ante la denuncia de un preso enfermo que denunció que duerme en el piso de un pasillo de la cárcel de la sureña ciudad de Tacna, lo que empeoraba su mal.

Según un informe del diario El Comercio, cuando el fallo se dictó, las seis cárceles más atestadas eran las de Chanchamayo, con 553 por ciento de presos por encima de su capacidad), Jaén (522%), Callao (471%), Camaná (453%), Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%), que serían las primeras en cerrarse.

De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la cárcel más sobrepoblada es la de la provincia portuaria de Callao, Sarita Colonia, construida con una capacidad para 572 reclusos y donde se hacinan tres mil 363 reclusos, con un exceso de 488 por ciento.

En términos globales oficiales, en Perú hay 68 presidios con 94 mil 911 reclusos, más del doble de su caoacidad, que es de solo 41 mil 019 presos, lo que representa un exceso de casi 54 por ciento.

La sentencia del TC de 2020 encontró la infraestructura carcelaria “en un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.

Advirtió que, de no remediarse el problema debe procederse al cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos” y al traslado de los internos a otros presidios sin hacinamiento, entre otras medidas.

La jurista Marianella Ledesma, quien presidía el TC que ordenó solucionar el hacinamiento carcelario, declaró a El Comercio que “las sentencias existen para que se cumplan, no para que estén de adorno” y quien debe cumplir lo dictaminado sobre las prisiones, es el ministro de Justicia, Eduardo Arana..

Advirtió que Arana “tendría una responsabilidad penal por omitir el cumplimiento de sus funciones que, por un mandato judicial, se ha encargado a su sector”.

Otro de los jueces que suscribió la sentencia, Ernesto Bluma, apuntó que, de no cumplirse esta al expirar el plazo de cinco años, la autoridad administrativa correspondiente deberá cerrar cárceles con sobrepoblación que afecta a 49 de las 68 prisiones.

El jefe del INPE, Luis Llaque, declaró al citado diario que cuando se dictó el fallo del TC, en 2020, no se había construido ninguna cárcel desde 2015 y bajo su administración se han edificado tres pabellones y se ha puesto la primera piedra de uno nuevo, en los cuatro casos en el interior.

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