Nuestras fuerzas realizaron desde 2022 mil 927 detenciones por distintos cargos en los 36 puntos de extracción donde operan los coligalleros (mineros artesanales), cuyos territorios abarcan 900 hectáreas de los cerros Botija, Fortuna y Mirador, añadió el subdirector del cuerpo policial, Guillermo Valenciano.

Los arrestos comprendieron 600 implicados de forma directa en delitos relacionados con la minería, 877 en violaciones de la Ley de Migración, 129 en el consumo y tenencia de drogas, y 32 por estar sujetos a órdenes de captura, indicó el oficial en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa (Parlamento).

La Fuerza Pública –amplió Valenciano ante la Subcomisión de Ambiente del Congreso- decomisó 145 mil 277 dosis de marihuana, seis mil 812 gramos de mercurio, 49 vehículos y millones de colones, junto a herramientas y materiales relacionados con la minería ilegal, como tómbolas de hierro.

Valenciano recordó que el millón de dólares invertidos cada mes para pagar a los agentes policiales que custodian esas áreas y recursos incluyen salarios, alimentación, combustible y el uso de vehículos especializados.

“Los 100 agentes y 25 oficiales que trabajan en las minas –explicó el funcionario ante la mesa de trabajo del Legislativo- cubren tres kilómetros cuadrados, lo cual es muy pequeño, así es que tienen que laborar por turnos en actividades operativas y de inteligencia”.

Solo en los últimos tres meses, la Policía detuvo en Crucitas a 185 obreros ilegales, en un esfuerzo continuo por combatir la extracción ilegal de oro y sus graves consecuencias ambientales, incluyendo la incautación de maquinaria y la contaminación por mercurio, que registra un 8 por ciento de aumento respecto a 2024.

Las minas costarricenses de Crucitas están ubicadas en la frontera norte con Nicaragua, a unos tres kilómetros del río fronterizo San Juan, donde la minería ilegal afecta el entorno, además, con el uso de dinamita, contaminación por cianuro y un daño ecológico irreparable.

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