El estudio presentado este lunes demuestra la interconexión entre los delitos contra la flora y la fauna, la minería clandestina, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores que están detrás de la deforestación, la tala y el trasiego de especies silvestres.

Los estragos no solo provienen de las redes opacas, empresas reconocidas también realizan actividades forestales irregulares, buscando atajos para incrementar sus beneficios, refirió la jefa de investigación y análisis del organismo multilateral, Angela Me.

«Este solapamiento agrava los efectos, ya de por sí nefastos, de la delincuencia forestal y subraya la necesidad de un enfoque coordinado, una normativa más estricta y una aplicación rigurosa de la ley para combatir eficazmente estas amenazas interconectadas», consideró la experta.

Al decir de la Unodc, delincuentes transnacionales están infiltrados en procesos institucionales y cadenas de suministro, lo cual dificulta el control policial: la madera talada, por ejemplo, entra en los mercados regulares debido a permisos fraudulentos, sobornos y lagunas normativas.

A menudo, acotó, los traficantes cuentan con la ayuda de funcionarios corruptos y empresas cómplices, lo cual asegura operaciones de lavado de activos a escala global.

En el campo normativo, distintas regulaciones condujeron, incluso, a consecuencias imprevistas: en algunos casos la madera de origen ilegal se desplazó a otra ubicación geográfica o los proveedores simplemente pasaron a talar otros tipos de árboles para eludir la carga administrativa que supone comerciar con especies protegidas, argumentó la fuente.

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