Seis empresas asociativas de transportistas paralizaron sus labores, afectando el servicio en varios distritos, y marcharon más de 20 kilómetros desde el municipio de Puente Piedra hasta el Parlamento, en el centro de la extensa ciudad.

Los manifestantes, que aumentaban en número en el trayecto, corearon consignas de crítica al Gobierno, al que reclamaron medidas efectivas de seguridad contra las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión bajo amenaza de muerte cuyo cumplimiento encargan a sicarios.

Los movilizados manifestaron su indignación por el asesinato de Benigno Poma, ultimado a balazos el viernes último, cuando transitaba en su autobús con pasajeros.

Poma es la víctima número 15 de los sicarios en lo que va del año y las muertes son muchas más, pues la situación de los transportistas se repite con los pequeños y medianos comerciantes y empresarios y hasta las escuelas privadas de la periferia de la ciudad.

Los dirigentes de la protesta de hoy advirtieron que promoverán un paro general del transporte en Lima y ulteriormente una huelga nacional, si el Gobierno no les brinda seguridad eficiente.

Uno de los líderes de la protesta, Miguel Angel Palomino, manifestó molestia porque el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no recibió a los dirigentes, que fueron atendidos por la presidenta de la Comisión de Transportes del Legislativo, quien anunció una reunión con autoridades del Ministerio del Interior y del transporte, para tratar sobre soluciones.

De otro lado, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, reveló que el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, ha prometido reducir la incidencia de las extorsiones y el sicariato.

Valeriano advirtó que, si lo ofrecido no fuera cumplido dentro de 15 días, su agrupación organizará un paro nacional, en lo que coincidió Julio Campos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas.

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