En el balance divulgado en esta capital, que cubre el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 hasta el 27 de marzo pasado, la ONU alertó sobre la importancia de que las instituciones del Estado cumplan con urgencia y eficacia las promesas del Acuerdo, las necesidades de las comunidades rurales y las expectativas de la sociedad.

Dentro de los logros más destacables señaló el documento que, ocho años después de la rúbrica del pacto entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la gran mayoría de quienes dejaron las armas siguen comprometidos con su proceso de reincorporación.

Señaló, no obstante, que la implementación del capítulo de Reforma Rural Integral sigue sin alcanzar las metas.

Hasta febrero de 2025 se había adjudicado el seis por ciento de la meta definida de tres millones de hectáreas en el Acuerdo de Paz, en tanto la formalización de la tenencia de la tierra ha alcanzado el 45,9 por ciento del objetivo de siete millones de hectáreas.

Reconoció el informe que la actual administración ha contribuido al 94 por ciento de las hectáreas adjudicadas hasta ahora desde la firma del Acuerdo de Paz y al 43,6 por ciento de las formalizadas.

Afirma por otra parte el documento que los esfuerzos para reducir la dependencia de las comunidades locales de los cultivos ilícitos se han centrado en programas de sustitución, pero alerta que el éxito de ese enfoque aún resulta limitado.

Alertó además que si bien los indicadores del conflicto siguen por debajo de los registrados durante el punto álgido de las confrontaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, se reporta un aumento de los enfrentamientos armados durante los últimos años.

“La situación actual de seguridad en varias regiones del país es preocupante y requiere atención urgente”, consideró al respecto Guterres.

Llama la atención el estudio sobre el asesinato de 460 excombatientes desde 2016, y especificó que, en el periodo de análisis, perdieron la vida de manera violenta 19 exguerrilleros.

En ese mismo lapso, advirtió, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos notificó 40 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos; nueve de ellas verificadas, 27 bajo verificación y cuatro no concluyentes.

Frente a las iniciativas de diálogo puestas en marcha con otros grupos armados, se señala que no han producido, en general, los resultados claros y sostenibles esperados.

“Confío en que el Gobierno haga los ajustes necesarios para priorizar aquellos procesos de diálogo político con potencial para proporcionar beneficios tangibles a las comunidades afectadas”, expresó Guterres al respecto.

El informe será presentado en Nueva York el 22 de abril ante el Consejo de Seguridad.

rc/ifs