El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el referido proyecto, con lo cual, dijo, el gobierno cumple de forma inmediata con una de las medidas anunciadas la víspera por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración ilegal haitiana.

Este domingo el gobernante anunció que presentaría ante el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio actual, para el endurecimiento de las sanciones a funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas.

También dijo que el gobierno propondría sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tal como propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular.

Al respecto, Peralta explicó que el objetivo de esta iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, «con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice».

El consultor jurídico explicó que el delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a una condena de 12 a 20 años de prisión, con multas de entre 750 y mil 500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía.

Asimismo, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a adultos mayores o la muerte de la víctima del tráfico.

Puntualizó que “estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta seis mil salarios mínimos”.

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