La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló la víspera que en seis meses la administración de Luis Abinader procesó 187 mil 983 repatriaciones, de estas 93 mil 357 solo en lo que va del año, marcando un récord histórico.

Sin embargo, advirtió que estas cifras reflejan la grave crisis humanitaria que atraviesa Haití, país vecino sumido en un estado de violencia sin precedentes.

En una rueda de prensa la titular manifestó que las deportaciones masivas no son motivo de celebración.

“Esto no es un dato que deba llenarnos de orgullo. Preferimos un Haití estable, que no produzca inmigrantes, pero mientras persista la inestabilidad, garantizaremos la seguridad de nuestra nación», declaró.

Precisó que la Dirección General de Migración se incorporará a la Fuerza de Tarea Conjunta, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

Aseguró que la regulación migratoria no es un tema de juego con el que el Gobierno intenta hacer política, sino un trabajo conjunto, evidenciado con el fortalecimiento de la frontera y el uso de un sistema tecnológico de registro biométrico.

Acerca de las denuncias de agentes corruptos durante las intervenciones de migrantes irregulares, la funcionaria llamó a la población a denunciar estas acciones para actuar de inmediato y hacer cumplir las reglas.

Afirmó que ningún agente de Migración, de la Policía o del Ministerio de Defensa, contará con impunidad de comprobarse que actúa en contra de la ley.

El domingo pasado el gobierno dominicano endureció su política contra la migración ilegal haitiana, a fin de garantizar la soberanía nacional ante la crisis en la vecina nación, según explicó el presidente.

En un mensaje a la nación, Abinader anunció 15 medidas que incluyen el reforzamiento de la vigilancia fronteriza con otros mil 500 soldados, la aceleración de la construcción del muro fronterizo y la creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios.

Este lunes el Poder Ejecutivo depositó en el Senado un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio actual para el endurecimiento de las sanciones a los funcionarios gubernamentales que faciliten o participen en el ingreso de indocumentados, y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas.

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