“El día de ayer (lunes) se emitió una imputación formal por incumplimiento de deberes y lesiones contra el alcalde Arias”, afirmó la directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal paceño, (Gamlp), Amparo Morales respecto a la tragedia ocurrida en la zona de Bajo Llojeta el 23 de noviembre último.

Como resultado de ese siniestro provocado por las intensas lluvias, quedaron sepultadas bajo la mazamorra (corriente de miles de toneladas de lodo), 40 viviendas, decenas de automóviles y una niña de cinco años falleció.

Morales informó que aún no se recibió la notificación oficial, y subrayó que se tuvo conocimiento del proceso a través del sistema judicial.

“(…) Analizaremos la misma y seguramente el juez titular va a realizar la notificación correspondiente. Sólo tenemos conocimiento que han pedido la detención preventiva del alcalde Iván Arias”, comentó a la prensa.

El 2 de diciembre de 2024, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, fue aprehendido en las pesquisas por el mencionado deslave.

“Ya se lo tiene aprehendido, este alcalde va a ser puesto ante la autoridad jurisdiccional, presentaremos la imputación correspondiente”, aseguró entonces el fiscal General del Estado, Roger Mariaca, en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv.

Bajo un fuerte aguacero, la noche del 23 y la madrugada del domingo 24 de noviembre, una corriente de miles de toneladas de lodo sorprendió a los vecinos de Bajo Llojeta, y a su paso sepultó las viviendas, vehículos y segó la vida de una infanta.

El Ministerio Público abrió una investigación de oficio, contra el autor o los autores, por los delitos de otros estragos y peligro de estragos con agravante.

Dentro del contexto de la pesquisa, Condori declaró el 28 de noviembre, al igual que Arias.

Ambos responsabilizaron del desastre a la Inmobiliaria Kantutani, que realizó un movimiento de tierras en el Cementerio Los Andes, en la parte alta de Bajo Llojeta. Arias informó en esa conferencia de prensa que el municipio paceño emitió varias advertencias a la empresa para que suspendiera los trabajos, por los peligros que implicaban en caso de lluvias como las caídas.

“Verificamos con nuestras fuentes estadísticas -comentó Arias-, no hay ninguna autorización, tenemos información y las advertencias, así como llamadas de atención a esta empresa, indicándoles el peligro que podrían ocasionar los trabajos que realizan (…)”, concluyó la autoridad edil.

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