La Oficina de Prensa del Gobierno en el enclave denunció en un comunicado los intentos de ese país de “imponer mecanismos peligrosos para distribuir la ayuda” a los civiles.

El proyecto implica el uso de soldados o empresas privadas vinculadas a Israel para entregar la asistencia.

Tal mecanismo “es inaceptable tanto en la forma como en el fondo, ya que representa una clara violación del derecho internacional humanitario y contradice los principios fundamentales de la acción humanitaria, como la neutralidad, la integridad y la independencia”, subrayó.

Además, afirmó, perpetúa el control político y el chantaje, al tiempo que amenaza directamente la vida de los civiles al obligarlos a desplazarse a puntos de distribución bajo control castrense.

La Oficina acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de privar de alimentos, medicinas y productos vitales a más de dos millones de personas desde hace más de 40 días.

El 2 de marzo Israel impuso un bloqueo total contra la Franja, una situación que agravó la crisis humanitaria allí, y provocó una ola de condenas internacionales.

Ante esa situación, Netanyahu y sus aliados en el poder son responsables del desastre sanitario y la hambruna en el territorio, advirtió la Oficina.

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