La ruptura de un oleoducto el pasado 13 de marzo, provocó el vertido de 25 mil barriles de crudo hacia ríos y desencadenó una catástrofe ambiental que impacta la vida de los habitantes de la zona, sus medios de vida e ingresos, así como el acceso limitado al agua potable.

Unicef Ecuador advirtió en su reporte, publicado este miércoles en su página web, que los niños, niñas y mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales.

El informe señaló que más de tres mil 500 personas recibieron atención médica por enfermedades relacionadas con la exposición al petróleo, incluyendo dermatitis, infecciones respiratorias y afectaciones psicológicas.

La emergencia ambiental destruyó más de 61 hectáreas de tierras agrícolas y dejó nueve playas contaminadas, lo cual incide sobre pescadores y agricultores.

La entidad reconoció que el Gobierno gestiona la respuesta a todos los niveles y ha implementado medidas de respuesta rápida, incluida la entrega de bonos económicos, aunque eso no constituye una solución a largo plazo.

A propósito del problema, Unicef lanzó una campaña internacional para movilizar ayuda urgente a favor de las niñas y niños de Esmeraldas que sufren por una de las crisis ambientales más graves del país en los últimos años y requiere una respuesta rápida y coordinada.

Esta semana habitantes de la parroquia Cube, en la provincia costera de Esmeraldas, protestaron en reclamo de atención del Estado luego del derrame petrolero, ya que desde el día del suceso están sin agua potable, con afectaciones a la salud y pérdidas económicas, debido a la paralización de las actividades productivas, la pesca, la agricultura y el turismo.

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