La decisión fue adoptada por los representantes de organizaciones de choferes y empresarios del transporte que lograron paralizar casi totalmente el servicio en la capital peruana y el adyacente puerto del Callao.

Los transportistas marcharon más de 20 kilómetros desde el distrito de Puente Piedra, en el lado norte de la ciudad, hasta el Palacio Legislativo, donde, tras una larga espera, sus dirigentes fueron recibidos por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, mientras sus compañeros se concentraban frente a la sede parlamentaria.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, al dar cuenta del acuerdo con el titular del Congreso, dijo que en las conversaciones participarán los ministros del Interior y del Transporte y representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Valeriano agregó que su organización -al igual que las otras participantes- tendrá mañana una asamblea para tratar sobre la fecha de un paro de nivel nacional, a modo de plazo para el logro de medidas que impidan más muertes entre sus compañeros.

En lo que va del año, los sicarios de los extorsionadores, que exigen pagos diarios bajo amenaza de muerte, han asesinado a 16 choferes de autobuses.

La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Gustavo Adrianzén, coincidieron en afirmar que paralizar labores no ayuda a la lucha contra la criminalidad y el segundo reconoció que el paro fue el ejercicio de un derecho y pacífico, con solo algunos incidentes.

Al parecer, el Gobierno temía disturbios, por lo cual la Policía Nacional desplegó 13 mil hombres en las principales rutas de transporte colectivo.

La efectividad del paro se hizo sentir en el cierre de universidades y escuelas, que dictaron clases por Internet, y un elevado ausentismo o tardanzas laborales, así como inactividad en algunas muy concurridas zonas comerciales.

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