El primer mandatario dio a entender en un Consejo de Gobierno en la norteña ciudad norteña de Atenas que no acatará la denuncia del Ministerio Público por un presunto delito de concusión, mientras la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, lanzó un ataque frontal contra esa instancia, precisó el diario Delfino.cr.

Ambos gobernantes desestimaron la denuncia del fiscal general Carlo Díaz por concusión, vinculada a un contrato por 405 mil 800 dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para una estrategia comunicacional en la Casa Presidencial, añadió la fuente.

El Poder Ejecutivo –comentó Delfino.cr- respondió con virulencia a la acusación penal presentada contra Chaves, y ante la medida cautelar que le ordena abstenerse de actos que comprometan la imparcialidad de las autoridades gubernativas en el proceso electoral del 1 de febrero de 2026.

Chaves y Bogantes insistieron en desacreditar, además, la aplicación contra Chaves por el TSE de la citada medida cautelar, basada en un proceso de amparo electoral interpuesto por el legislador Claudio Alpízar Otoya.

La resolución de esa instancia comicial ordena a Chaves abstenerse de incidir, con recursos públicos o declaraciones, en favor o en contra de actores políticos con miras a esas próximas elecciones.

Las medidas anunciadas este miércoles por el TSE contra el Presidente siguieron a la acusación divulgada este lunes por el fiscal general contra él y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

El líder del Ministerio Público presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia y pidió también suprimirles a ambos gobernantes la inmunidad.

La acusación de Díaz está basada en el artículo 355 del Código Penal, que define como concusión el abuso del cargo por un funcionario para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, lo cual implica penas de hasta ocho años de prisión.

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