En respuesta al mandato judicial, la catera asumió el compromiso de laborar en pos de la implementación del fallo y partió del reconocimiento pleno al carácter de gobiernos propios y legítimos de las culturas originarias.

“Como Ministerio de Ambiente vamos a acompañar esta instancia, vamos a darle la relevancia necesaria para que las autoridades puedan avanzar como más autonomía”, señaló la ministra.

A raíz de este espacio, se acordó iniciar un trabajo conjunto entre el Gobierno y la Instancia de Coordinación del Yuruparí para construir un plan de acción compartido, con enfoque territorial, ambiental e intercultural.

“Invitamos a toda la sociedad y al Gobierno a reconocer que como pueblos indígenas tenemos la capacidad de coordinar y aportar al país. Este es el momento de construir una política global desde el diálogo y la concertación”, sostuvo Gonzalo Macuna, secretario general de la Instancia del macroterritorio Jaguares del Yuruparí, en el sureste de Colombia.

La Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional protege los derechos fundamentales colectivos como la identidad, el territorio, la autodeterminación, la salud, el agua y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Desde hace décadas, los pueblos indígenas denuncian los impactos de la minería ilegal y el uso del mercurio, que no solo contaminan los ríos Apaporis y Caquetá, sino que afectan la salud de las comunidades y comprometen la integridad de sus sistemas de conocimiento, reconocidos por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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