Tal afirmación fue sostenida ante la prensa por el Procurador General del Estado, Ricardo Condori, en relación con la legalidad de esos elementos en el proceso que se sigue contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari.
«(…) Esto quiere decir que el Ministerio Público —así como las otras partes— han ofrecido pruebas y el Tribunal ha aceptado», sostuvo la autoridad en declaraciones a la prensa.
Añadió que esas pruebas buscan demostrar que el «Golpe de Estado I» fue planificado y ejecutado por Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y otros actores políticos.
«Cuando decimos judicialización significa que esas pruebas son lícitas, por eso es que son tomadas en cuenta como pruebas y el Tribunal —dentro de sus competencias—, va a valorar todas estas pruebas», explicó Condori.
Opinó, además, que, si las pruebas no fueran lícitas, no habrían sido judicializadas ni aceptadas por el Tribunal.
En la última audiencia, se presentó material audiovisual con información relevante, complementando las pruebas ofrecidas en instancias anteriores.
Mencionó Condori que “entre esas pruebas judicializadas se tienen pruebas audiovisuales, como discos compactos y memorias digitales con información valiosa, con lo que se ha demostrado que el golpe cívico-militar perpetrado en noviembre de 2019 ya estaba planificado.
Anticipó el procurador que ya está cerca de su conclusión el proceso, pues pronto se iniciará la subetapa de alegatos y conclusiones, para luego dar paso a la sentencia condenatoria por parte del Tribunal.
En Golpe de Estado I son procesados Camacho y Pumari, y fue investigada la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
Incluyó este caso, asimismo, a los exgenerales de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, al excomandante de la Policía Yuri Calderón y al exministro Luis Fernando López, todos declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia; así como al exinspector general del Ejército Jorge Fernández.
Áñez, 48 horas después de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
mem/jpm
