Así lo indican las conclusiones de una encuesta de la empresa Datum, según la cual la desaprobación a la mandataria subió un punto hasta alcanzar 94 por ciento.

Las cifras, comentó el antiguo diario El Comercio, reflejan “un desolador escepticismo” respecto a las medidas y anuncios que la mandataria reporta a diario en materia de seguridad, en sus comparecencias junto a ministros y jefes policiales y militares.

El sondeo agrega que 79 por ciento de los consultados opinan que la crisis de inseguridad seguirá igual (46 por ciento) o empeorará (36 por ciento) frente a 10 por ciento que cree que mejorará tras el reciente nombramiento como ministro del Interior, del general jubilado de Policía Julio Zulueta.

El nuevo titular reemplazó a Juan José Santiváñez, quien tuvo que renunciar obligado por su censura por el Parlamento, que consideró fracasada su gestión, y era mantenido en el cargo contra críticas casi unánimes por la presidenta Boluarte.

La encuesta verificó por otra parte que la aprobación al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, es tan magra como la de la jefa de Estado, de 4 por ciento -dentro del margen de error del sondeo, de +-2,8 por ciento-, y una desaprobación de 74 por ciento.

La directora de Datum, Urpi Torrado, destacó, como contexto del sondeo, las recientes protestas que en diversas regiones exigieron con desesperación eficacia en el combate a la ola de extorsiones y asesinatos por sicarios que se registran a diario en Perú.

Según el exministro del Interior, Carlos Basombrío, los resultados de la encuesta evidencian la convicción abrumadoramente mayoritaria, de que las acciones gubernamentales difícilmente puedan solucionar la crisis de inseguridad.

El pasado jueves, un paro casi total de transportistas y empresas del rubro reclamó medidas contra las organizaciones criminales y evidenció el malestar social existente por el desborde delincuencial.

Al día siguiente, se estableció un diálogo entre ministros y dirigentes de la huelga que suscribieron un acta de 13 compromisos gubernamentales de medidas contra la delincuencia y de protección a los transportistas, cuyo cumplimiento será evaluado en 30 días.

Los choferes, que en lo que va del año han sufrido un promedio de dos muertes de compañeros por semana, mantienen en suspenso la radicalización de su protesta, a la espera de resultados del diálogo.

rc/mrs