El suboficial Víctor Bueno fue condenado a 12 años de cárcel por las ejecuciones extrajudiciales de los manifestantes Reynaldo Reyes y Kauner Rodríguez, en la localidad de Chao de la norteña región de La Libertad.

Bueno cometió los crímenes en el marco de las manifestaciones de trabajadores de empresas agroindustriales, durante el gobierno del centrista presidente Francisco Sagasti.

La citada coordinadora humanitaria recordó que 216 civiles han muerto desde 2003 a manos de policías o militares, en circunstancias similares de conflicto social y casi todos están impunes, por lo cual es trascendente la condena anunciada.

Entre los casos pendientes se cuentan los de medio centenar de muertes durante la represión de las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, contra el ascenso al cargo de la actual presidenta Dina Boluarte, como sucesora del encarcelado mandatario Pedro Castillo, actualmente juzgado por rebelión.

El Parlamento aprobó hace unos días una ley que exonera de responsabilidad a los policías que usen sus armas si ven amenazada su integridad o disparen contra delincuentes sorprendidos en flagrancia.

Los críticos de la norma advierten que, de aplicarse retroactivamente -como establece la ley si favorece al acusado- podría dejar impunes a uniformados autores de medio centenar de muertes en la represión de protestas.

También señalan que la nueva ley puede propiciar abusos como los de un grupo de policías juzgados por la acusación de ejecutar extrajudicialmente a presuntos delincuentes y presentarlos como abatidos en enfrentamientos.

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