“Existen tres personas y existen tres sentencias por procedimiento abreviado. Pero hay otras tres solicitudes, es decir, en los próximos días vamos a tener seis sentencias en procedimientos abreviados”, afirmó la autoridad durante una entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv.

Explicó que el procedimiento abreviado implica el reconocimiento de responsabilidad penal por delitos como terrorismo y alzamiento armado, a cambio de una pena “más benigna”.

La pesquisa está en curso desde hace 10 meses, con el exjefe del Ejército y exgeneral Juan José Zúñiga como principal implicado, otros militares y civiles son procesados en un expediente en el cual afloró la presencia de la embajada de Estados Unidos en La Paz, según la confesión del propio Zúñiga durante los interrogatorios.

“La fase de consolidación (del golpe) afortunadamente no se dio, pero también ya estaba pensada cómo hacerse”, indicó.

Un trío de oficiales condenados fue dado de baja debido a la gravedad de su participación, describió la autoridad.

“Son tres militares que ya tienen sentencia, han sido dados de baja por la magnitud de los hechos que han protagonizado. Han sido parte de inteligencia, han sido parte del equipo de directo apoyo y asesoramiento al señor Zúñiga”, informó.

Reiteró que, entre los investigados, figuran también oficiales en servicio pasivo (retirados) y civiles.

Tras la presentación el jueves último del documental ¿Qué pasó el 26J?, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de cuatro sospechosos más.

Se trata de los militares en retiro coronel Mario Tanaka Arauz y el general en retiro Marco Antonio Bracamonte, además del abogado Jorge Valda y de Bismarck Imaña.

De acuerdo con Siles, “lo cierto es que son más de 30 personas investigadas en diferentes calidades procesales. (…) Esperamos que, en las próximas semanas, además del derecho a conocer la verdad, la justicia también pueda recibir una acusación para ir a lo más importante, el juicio”, añadió.

Aclaró que su cartera no es parte procesal en este caso, pero tiene la obligación de hacer seguimiento y coordinar acciones con el Órgano Judicial y el Ministerio Público, en el contexto del debido proceso, activado de oficio en la misma fecha de lo ocurrido en plaza Murillo, epicentro político del país.

Como parte de esta fallida asonada castrense, permanecen con detención preventiva el exgeneral Zúñiga y el activista de derechos humanos Fernando Hamdan, principales acusados.

Entre otros detenidos preventivamente figuran el excomandante de la Armada Juan Arnez y el exjefe de la División Mecanizada del Ejército, Edison Irahola.

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