Parecía que ambos países retomaban el camino del diálogo y el acercamiento después de la conversación telefónica de hace dos semanas entre los presidentes Emmanuel Macron y Abdelmadjid Tebboune, quienes acordaron poner fin a meses de tensiones y retomar la cooperación en los ámbitos de seguridad y migratorio.
La nueva confrontación comenzó el viernes tras la decisión de la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia de procesar a tres personas sospechosas por el secuestro en abril del año pasado del asilado opositor argelino Amir Boukhors, conocido como AmirDZ, entre ellos a un funcionario de uno de los consulados argelinos.
Argelia rechazó el arresto y exigió la inmediata liberación de su representante, con la advertencia de que lo ocurrido tendría consecuencias.
Asimismo, alegó intereses de sectores en Francia en obstaculizar el acercamiento, un criterio que ya había expresado antes, con la acusación en particular a la derecha gala de buscar enrarecer el clima bilateral.
La víspera, el canciller Jean-Noël Barrot atribuyó la expulsión de los 12 diplomáticos, dependientes del Ministerio del Interior, a una reacción argelina a los arrestos por los citados hechos graves de abril del 2024.
Según la cadena Franceinfo, el canciller galo instó a las autoridades argelinas a renunciar a esa medida y manifestó que de mantenerse, “no tendremos otra opción que responder de inmediato”.
Después de la conversación entre Macron y Tebboune, Barrot viajó a Argel para perfilar con su par anfitrión, Ahmed Attaf, la cooperación que los mandatarios acordaron retomar después de ocho meses de confrontaciones diplomáticas, que incluyeron acusaciones mutuas y amenazas de París de cuestionar los pactos migratorios de 1968.
En el trasfondo de la crisis está la decisión de Francia de apoyar la postura de Marruecos sobre el Sahara Occidental, cuya independencia Argelia respalda, sin ignorar las heridas del pasado colonial y de la guerra de independencia.
Las diferencias crecieron con el arresto en Argel del escritor Boualem Sansal, condenado a cinco años de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, y la negativa a aceptar la deportación de influencers argelinos denunciados por Francia por promover la violencia en suelo galo.
El país norafricano acusó a París de ceder ante las presiones de figuras de la derecha, entre ellas el ministro del Interior Bruno Retailleau, que abogaron por la mano dura en la relación bilateral.
Francia llegó a adoptar sanciones contra algunas autoridades, consistentes en restringir su circulación y acceso al territorio galo, medidas que generaron la condena de Argel.
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