De los 21 funcionarios que integran esa máxima instancia del sistema jurídico nacional, solo uno carece de causas bajo algún tipo de pesquisa, según datos suministrados por el Ministerio Público al periódico El Observador.

Los procesos comprenden 307 carpetas que en su mayoría ya tienen pedidos de desestimación, entre las cuales figuran las referidas 75 en investigación.

Aunque la magistrada Patricia Vargas, de la Sala III, es la única fuera de la lista de procesados, sus otros 20 colegas aparecen con entre una a diez causas de la Fiscalía General contra ellos.

Los cuatro magistrados con más procesos pertenecen a ese alto tribunal, seguidos de cerca por los integrantes de la Sala II, enfocados en temas de Derecho de Familia y Laboral, precisa El Observador.

Las figuras delictivas por las que son investigados los magistrados se dividen en ocho apartados penales, en su mayoría relacionados con el ejercicio del cargo, y entre ellas el prevaricato acumula la mayor cantidad de causas, con 46.

Según el Artículo 357 del Código Penal, la sanción por ese delito es de dos a seis años de prisión “para el funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.

La figura que le sigue en importancia y número de casos, con 19 expedientes en la Fiscalía, es el incumplimiento de deberes, tema que responde a cuando, ilegalmente, un funcionario omite, rehúsa o retarda actos propios de su función, en tanto la pena es inhabilitación de uno a cuatro años.

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