Kilmar Abrego García, de 29 años y residente legal en Maryland, fue deportado a su país natal, aun cuando contaba desde 2019 con una orden de un juez que los protegía contra una posible expulsión.

La víspera, mientras el presidente Donald Trump se reunía en la Casa Blanca con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, y el nombre de Abrego García se repetía una y otra vez, porque fue tema en el encuentro, su familia realizaba una vigilia junto a líderes religiosos frente a la mansión ejecutiva.

Su esposa Jennifer Vásquez y sus hijos exigieron la liberación y el regreso a Estados Unidos de Abrego García, arrestado el 12 de marzo y tres días después enviado en uno de los vuelos de deportados hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de la nación centroamericana, criticada por organismos de derechos humanos.

Los abogados del hombre respondieron la víspera a las declaraciones de Bukele en el Despacho Oval de que su país no tenía intención de devolverlo, calificándolo de terrorista.

«El sr. Abrego García fue sacado ilegalmente de su hogar y de su familia en Maryland. Su deportación violó una orden judicial de inmigración vigente. Desde entonces, la Corte Suprema ha dejado claro que el gobierno de Estados Unidos debe facilitar su regreso”, subrayaron.

Sin embargo, “no se ha anunciado ningún plan, no se han hecho públicas medidas y no se ha dado ninguna indicación de que se esté tomando alguna acción. En cambio, parece que la posición del Gobierno es que no es necesario tomar ninguna medida”, advirtieron los abogados en un comunicado.

«Seamos claros: la responsabilidad de devolver al sr. Abrego García recae directamente en el Gobierno de Estados Unidos. Su deportación no fue solo un error administrativo, fue un fracaso constitucional», concluyeron los representantes legales.

La Corte Suprema dictaminó la semana pasada que el Gobierno debe «facilitar» su retorno, pero no especificó el plazo límite para que ello se ejecute.

Aunque Trump dijo que garantizaría el regreso de Abrego García si así lo disponía el máximo tribunal, la postura de ayer durante la reunión con Bukele hace pensar que, por el momento, no hay planes para el regreso.

La jueza federal Paula Xinis, quien lleva el caso, ordenó actualizaciones diarias sobre el confinado. El Gobierno dijo el fin de semana que estaba «vivo y seguro» en el Cecot.

lam/dfm