El individuo, que cumplía 122 años de prisión por el asesinato de otra mujer en 2005, fue puesto en libertad mediante un esquema irregular del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) bajo la secretaria Ana Escobar Pabón.
La muerte de Meléndez, de 56 años, por Ávila Vázquez sacudió en su momento al país dado un aparente mecanismo para beneficiar a determinados reos vinculados al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
La multimillonaria demanda fue interpuesta este lunes en el Tribunal Superior de Puerto Rico, sala de Bayamón, a nombre de los hijos de la víctima por la prominente abogada Mayra López Mulero por “negligencia de los funcionarios” del DCR y del Departamento de Justicia, entre otros organismos públicos.
Ávila Vázquez debió estar bajo la custodia y control del DCR hasta el año 2127, mas logró salir “libre burlando todos los requisitos aplicables de la agencia”.
En la demanda se establece que Escobar Pabón admitió durante una audiencia pública en el Senado, que el DCR falló “al no establecer criterios específicos para identificar una condición fisiológica limitante”.
Según la doctora Déborah Arús Rosado, de la empresa Physician Correctional, que presta servicios de salud al DCR y quien examinó a Ávila Vázquez el 9 de agosto de 2021, este no caminaba, sufría paraplejia y se mantenía en la zona de pacientes crónicos en el Centro de Salud Correccional.
La compensación reclamada se dividiría en 20 millones de dólares en daños punitivos, otros 20 millones en daños compensatorios y un millón en honorarios de los abogados.
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