De acuerdo con el BCE, la contracción se debe a la disminución del consumo de los hogares (-1,3 por ciento), del gasto del Gobierno (-1,2 por ciento) y una menor formación bruta de capital fijo (-3,8 por ciento).

En cambio, las exportaciones aportaron positivamente al PIB con un alza anual de 1,8 por ciento, lo cual, según el BCE, contribuyó a mitigar parcialmente la contracción.

La agricultura, ganadería y silvicultura, las actividades financieras y de seguros, las inmobiliarias, la salud, la asistencia social y la manufactura de productos alimenticios tuvieron desempeños favorables.

El BCE menciona varios factores que influyeron en la caída de la economía, entre ellos la crisis de seguridad, el cierre progresivo de los pozos petroleros del Parque Nacional Yasuní, la incertidumbre política ante el proceso electoral de 2025 y el estiaje.

Ese último punto es considerado por el Gobierno como la causa principal de los cortes de electricidad de hasta 14 horas, que por tres meses afectaron la producción y los servicios en todo el país.

La entidad financiera nacional estima que las pérdidas por los apagones llegaron a mil 916 millones de dólares, lo que representó un impacto de -1,4 por ciento sobre el PIB.

En ese sentido, los tres sectores más afectados fueron el comercio, la manufactura y los servicios.

Para 2025, el BCE proyecta una recuperación, con un crecimiento estimado de 2,8 por ciento, sustentado en una posible recuperación del consumo de los hogares, un buen desempeño de las exportaciones no petroleras y un aumento de la inversión pública y privada.

No obstante, advierten que la economía ecuatoriana mantiene desafíos importantes “como la seguridad y la situación fiscal, así como choques externos, incluyendo una reducción abrupta del precio del petróleo ante el riesgo de una recesión global debido a la imposición de nuevos aranceles”.

El presidente del BCE, Guillermo Avellán, señaló que su institución recibe “asistencia técnica” del Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar la “calidad en las cuentas nacionales”.

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