El titular del grupo de trabajo, Carlos Burgos, dijo que se aprobó por mayoría, un informe preliminar según el cual la mandataria habría incurrido en ese lapso en abandono de funciones, por la cirugía que se le practicó en una clínica privada.

El informe, dijo, recomienda evaluar una suspensión temporal de Boluarte debido a una posible infracción constitucional cometida por no comunicar su ausencia al Congreso, tal como lo establece la Constitución.

El ex primer ministro Alberto Otárola, coincidentemente, compareció ante la Comisión de Fiscalización y, ante una pregunta, respondió que Boluarte no informó al gabinete ministerial sobre la cirugía.

La congresista Susel Paredes dijo que la presidenta no solo debe ser suspendida, sino vacada por permanente incapacidad moral, fórmula constitucional de sanción política discrecional que solo requiere ser aprobada por dos tercios de los legisladores.

El legislador Carlos Zeballos planteó acumular el caso con otros por los que es investigada la jefa de Estado, para aplicarle la medida hace unos años privó del cargo al entonces presidente Martín Vizcarra.

De otro lado, el analista político Fernando Tuesta consideró irreversible una encuesta privada que asigna a Boluarte una aprobación de 4,0 por ciento y un rechazo del 94 por ciento, lo cual refleja una crisis de legitimidad gubernamental sin precedentes.

“Sin plan ni liderazgo, con sectores clave, como la seguridad ciudadana, completamente desbordados, y una corrupción que no da tregua, la presidenta se ha vuelto prisionera de sus propias palabras, actos y pretensiones”, añadió.

Tuesta señaló que la falta de respuesta ante los problemas más urgentes y una evidente indolencia frente al clamor popular “revelan un gobierno que ha renunciado a gobernar para todos y se limita a resistir en el poder, aliado con el Congreso”.

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